El Consejo Superior de Fundaciones quedó ayer constituido en Madrid, en un acto celebrado en la sede de la Fundación ONCE, con la participación de representantes de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y el sector fundacional. Su puesta en marcha supone un hito para las fundaciones españolas, que dispondrán, por primera vez, de un órgano colegiado de carácter consultivo destinado a favorecer el diálogo y la cooperación con los poderes públicos.

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) celebra la constitución de este Consejo, contemplado en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y cuya puesta en funcionamiento ha sido una de sus reivindicaciones históricas. «Después de más de dos décadas, el sector contará con un espacio institucional de interlocución para trasladar sus propuestas, participar en el debate sobre las cuestiones que afectan a su actividad y contribuir a mejorar el marco normativo y administrativo en el que desarrollan su labor las fundaciones», remarca la AEF.

La sesión constitutiva ha estado presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, y ha contado con la intervención de la presidenta de la AEF, Pilar García Ceballos-Zúñiga, quien ha agradecido el trabajo realizado por la Secretaría de Estado de Política Territorial y su equipo para hacer posible la creación del Consejo. También ha reconocido la colaboración de la Fundación ONCE, anfitriona del encuentro, y de su vicepresidente ejecutivo y vicepresidente de la AEF, Alberto Durán.

Durante su intervención, García Ceballos-Zúñiga ha puesto en valor la singularidad de las fundaciones como instituciones al servicio del interés general y su capacidad para contribuir al desarrollo de la sociedad a largo plazo. «Las fundaciones convierten patrimonio privado en valor público con vocación de permanencia», ha afirmado la presidenta de la AEF. En este sentido, ha recordado que detrás de cada fundación existe la decisión libre de una persona, una familia, una empresa o una institución de destinar parte de su patrimonio al servicio de la sociedad de manera duradera, más allá de las circunstancias políticas, económicas o sociales de cada momento.

La presidenta ha reivindicado también la importancia de la sociedad civil organizada como un tercer espacio imprescindible, junto al Estado y el mercado, para afrontar los desafíos de nuestro tiempo. Entre ellos, ha señalado la transformación tecnológica y el desarrollo de la inteligencia artificial, el envejecimiento demográfico, el cambio climático, las nuevas desigualdades, las dificultades de acceso a la vivienda, la salud mental y la soledad no deseada.

En este contexto, ha destacado que las fundaciones no solo contribuyen a mejorar las condiciones de vida de millones de personas a través de sus proyectos, sino que también fortalecen la confianza, la participación y la cooperación entre ciudadanos e instituciones.

«El capital cívico está hecho de confianza entre las personas, de capacidad para cooperar, de instituciones independientes y fuertes, de compromiso ciudadano, de solidaridad organizada y de participación responsable. Está hecho de respeto por lo común y de la convicción de que el interés general también depende de nosotros, no solo de los poderes públicos», ha señalado García Ceballos-Zúñiga.

La presidenta de la AEF ha defendido que ese capital cívico constituye uno de los principales activos de una sociedad democrática y que las fundaciones desempeñan un papel esencial en su creación. Su contribución se manifiesta en ámbitos tan diversos como la educación, la investigación, la cultura, la atención social, la salud, la protección del patrimonio, la inclusión laboral o el apoyo a las personas con discapacidad.

Un impacto económico de 27.000 millones de euros

La AEF cuenta con una presencia destacada en este nuevo órgano a través de su presidenta y de tres representantes vinculados a la Asociación: Alberto Durán, Vicente José Montes y Luis González Martín. Desde la asociación que representa al sector fundacional también destacan que la puesta en marcha del consejo adquiere especial relevancia por la dimensión social y económica del sector fundacional español.

De acuerdo con los datos del estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI), presentado en 2024, España cuenta con 10.511 fundaciones activas, cuya aportación económica se estima en unos 27.000 millones de euros, equivalentes aproximadamente al 2,4 % del PIB. El conjunto de su actividad sostiene cerca de 589.000 empleos directos, indirectos e inducidos, y beneficia a unos 40 millones de personas.

Estas cifras reflejan el peso de las fundaciones en la economía española y su contribución al bienestar social, la generación de empleo, el conocimiento y el desarrollo territorial. El sector fundacional está presente en todas las comunidades autónomas y agrupa a entidades de dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación muy diversos. Desde fundaciones de ámbito local y comunitario hasta grandes organizaciones con proyección nacional e internacional, todas comparten su orientación hacia la consecución de fines de interés general.

Para la AEF, esta diversidad representa una de las principales fortalezas del sector, que combina la capacidad de respuesta ante las necesidades más próximas con el desarrollo de proyectos de largo alcance y vocación transformadora.