Greenpeace aplaude en un comunicado la decisión dictada por la magistrada de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de València, Plaza 8 que absuelve a los 11 activistas de Greenpeace acusados de un delito de desórdenes públicos agravados, por una acción realizada en el puerto de Sagunto (Valencia) en 2021.

La resolución recoge que en los hechos no se aprecian «actos de violencia o intimidación idóneos para alterar gravemente la paz pública en los términos exigidos por el tipo penal», algo que ratificaron durante el juicio los testigos tanto de la acusación como de la defensa.

Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, ha declarado: «Hoy respiramos con inmenso alivio y alegría, pero también con la convicción intacta de que nunca debimos llegar hasta aquí. Esta sentencia es la victoria de 11 personas valientes que han soportado cinco años de injusta incertidumbre por ponerse en pie pacíficamente ante los combustibles fósiles que nos están literalmente matando».

«Pero esta absolución no es solo un triunfo para Greenpeace: es una victoria colectiva que frena la criminalización del activismo y refuerza el derecho a la protesta en un momento crítico para la democracia. La protesta pacífica es una herramienta imprescindible para defender nuestros derechos y nuestro futuro. Hoy la justicia confirma que la dignidad no se criminaliza. Seguiremos alzando la voz y actuando cada vez que haga falta», añade Saldaña.

«La sentencia ha sido celebrada con emoción por los activistas, que por fin pueden descansar tras más de 5 años de proceso e incertidumbre ante un juicio que nunca debió celebrarse», insiste la ONG ecologista. La Fiscalía solicitaba una pena inicial de 5 años de prisión que posteriormente modificó a dos años y seis meses para cada activista, algo con lo que la organización seguía discrepando, dado que los hechos no eran constitutivos de delito alguno y que el procedimiento atentaba directamente contra el derecho a la protesta pacífica y a las libertades de toda la sociedad en general.

Greenpeace, además, ya hizo frente al pago de sanciones económicas abusivas por valor de 160.000 euros. La Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, ha celebrado también la noticia, congratulándose del sentido de la sentencia y recordando que seguirá atenta a todas las estrategias para dañar el derecho a la protesta.

Inés Díez, responsable del área jurídica de Greenpeace destaca: «La sentencia confirma lo que llevamos cinco años defendiendo: protestar pacíficamente no es delito. Este fallo debe fijar un criterio inequívoco: el derecho fundamental a la protesta no puede ceder ante las meras molestias o incomodidades que pueda generar su ejercicio legítimo. Juzgados y policía deben garantizar ese derecho, no obstaculizarlo. Por ello, esperamos que el Ministerio Fiscal no recurra la sentencia y permita que este pronunciamiento adquiera firmeza».