Los productos financieros con mayor ambición social y ambiental son residuales en España, pese al auge de la inversión sostenible
Solo el 0,6% de la inversión ESG en España corresponde a fondos artículo 9, los productos con mayor ambición de impacto social y ambiental, según la segunda edición del informe Los desafíos de la inversión sostenible “Dark Green” 2025 en España, presentado en Madrid por la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM), Gabeiras y Triodos Bank. El estudio alerta de que, aunque la inversión sostenible se ha disparado en los últimos años, el crecimiento se concentra mayoritariamente en productos artículo 8, con menor exigencia e impacto en la sostenibilidad.
A junio de 2025, el patrimonio invertido en productos financieros sostenibles en España asciende a 159.504 millones de euros, lo que representa ya el 38% del total del mercado. Sin embargo, los fondos artículo 9, concebidos específicamente para generar un impacto positivo medible, apenas alcanzan los 2.582 millones de euros, una cifra casi testimonial dentro del universo ESG.
El informe analiza en detalle la sostenibilidad de las carteras de los 17 fondos de inversión UCITS españoles clasificados como artículo 9 o ‘Dark Green’ bajo el reglamento SFDR, y pone de relieve varios retos estructurales: una limitada ambición transformadora, la falta de homogeneidad en los criterios de sostenibilidad, el riesgo de greenwashing y la ausencia de estándares claros que garanticen el impacto real de las inversiones.
Según Marcos Eguiguren, «estas cifras dejan en evidencia que, pese al boom de la inversión ESG en España, los fondos verdaderamente orientados a objetivos de sostenibilidad (los artículo 9) no han despegado en igual medida. Los gestores han optado mayoritariamente por clasificar sus productos bajo el paraguas del artículo 8″, ha remarcado esta mañana el Director de la Cátedra Internacional de Finanzas Sostenibles de la UPF-BSM y Triodos Bank.
Por su parte, Susana Cabada, directora de Personal Banking de Triodos España, ha señalado que: «Para acelerar la transición ecológica y social, sería deseable incentivar un mayor lanzamiento de fondos artículo 9, quizás mediante claridad regulatoria y pedagógica para que las gestoras tengan más confianza en esta categoría».
Greenwashing y falta de homogeneidad
El estudio advierte de que muchos inversores minoristas no distinguen con claridad entre los distintos niveles de sostenibilidad de los productos financieros, y esto se deriva de «la asimetría de información y la complejidad del marco normativo, no a una intención de engaño por parte de los gestores, pero persiste el riesgo de que un cliente invierta en un fondo creyendo que es más sostenible de lo que realmente es», ha apuntado Oscar Elvira, coautor del estudio y profesor de la UPF-BSM. El informe destaca que la solución pasa por una mayor transparencia y educación financiera en este terreno.
Además, el análisis revela una falta de homogeneidad en los indicadores de sostenibilidad de los fondos artículo 9, lo que dificulta la comparabilidad entre productos. «Para fortalecer la credibilidad del mercado, sería muy conveniente avanzar hacia estándares comunes o rangos de referencia en estos indicadores, algo en lo que está trabajando SFDR 2″, ha apuntado Elvira.
Aunque las agencias de rating ESG tienden a coincidir en la evaluación de riesgos, el informe recuerda que estos ratings miden principalmente riesgos financieros y no el impacto real de las empresas sobre el entorno social y ambiental.
El informe revela que las carteras están reduciendo su exposición a inversiones con riesgos ESG elevados, convirtiéndose en un factor determinante en las decisiones de inversión de los gestores de fondos artículo 9.
Artículo 9 no equivale a sostenibilidad garantizada
El informe también concluye que la categoría artículo 9 SFDR no equivale a un sello verde garantizado. «El SFDR establece obligaciones de divulgación, pero no define estándares cuantitativos mínimos ni está sirviendo en la práctica para crear de facto una “etiqueta” homogénea y transparente», ha explicado Patricia Gabeiras, socia fundadora del despacho Gabeiras.y coautora del estudio.
De hecho, el análisis realizado muestra que la proporción del portafolio de los fondos artículo 9 alineada con los objetivos del Acuerdo de París, de limitar el calentamiento global por debajo de 2ºC, ha disminuido del 72,4% en 2022 al 63,6% en 2024.
Exposición a sectores poco sostenibles
El estudio advierte de que en algunos fondos artículo 9 se han encontrado exposiciones a industrias poco sostenibles como tabaco, armamento o petróleo. Pese a que el 89,9% de la cartera de estos fondos está involucrada en sectores no controvertidos, el estudio ha identificado un 9,6% que invierten en sectores controvertidos.
Entre las conclusiones, destaca también el hecho de que las gestoras de fondos artículo 9 hacen referencia en algún punto a los ODS como marcos de sus inversiones, pero en la mayoría de los casos se trata de referencias «genéricas, poco precisas y de difícil medición», apunta el informe.
Un acto para impulsar las finanzas sostenibles
El acto de presentación del informe, celebrado en el espacio Harmon de Madrid, ha estado presidido por Marcos Eguiguren, director de la Cátedra Internacional de Finanzas Sostenibles de la UPF-BSM y por Susana Cabada, directora de Personal Banking de Triodos España, y ha contado con las intervenciones de los autores del estudio: Oscar Elvira, profesor de la UPF-BSM; y Patricia Gabeiras, socia fundadora de Gabeiras.
El encuentro también ha contado con una mesa redonda en la que han participado Pablo Esteban, subdirector general de Spainsif; Antonio Ortiz, subdirector adjunto de finanzas sostenibles y digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España; Begoña López, subdirectora del Departamento de Estrategia, Innovación y Finanzas Sostenibles de la CNMV; y Claudia Antuña, socia de AFI.
Antonio Ortiz ha señalado las líneas de trabajo que se están desplegando en el marco del Consejo de Finanzas Sostenibles para impulsar la financiación sostenible. Ortiz ha remarcado que la semana pasada se presentó en el Consejo el Eco-Track, una herramienta que permite a las pymes ofrecer de forma sencilla información sobre sostenibilidad. «Esta medida ayudará a las empresas a detectar oportunidades de inversión y a las entidades financieras a gestionar de manera más eficiente su cartera de préstamos, contribuyendo en última instancia a movilizar financiación», ha dicho Ortiz, quien también ha puesto en valor la revisión del reglamento SFDR, que reorientará la norma hacia un instrumento normativo «genuinamente de producto, y que se espera aporte claridad, coherencia y simplificación al marco europeo de finanzas sostenibles».
Begoña López ha remarcado que: «tal y como se concluye en la acción conjunta de supervisión a nivel europeo llevada a cabo en 2025, la información sobre sostenibilidad sigue siendo, en muchos casos, demasiado vaga». Para López: «Es fundamental que las afirmaciones de sostenibilidad sean justas, claras y no engañosas, estén fundamentadas y sean coherentes con las carteras. Por eso la lucha contra el greenwashing y la mejora de la transparencia son prioridades a nivel global donde debemos seguir concentrando nuestros esfuerzos. Por otra parte, damos la bienvenida a la revisión de SFDR y estamos a favor de la simplificación, sin perder de vista los objetivos de la regulación».
Pablo Esteban ha explicado que «existe una lógica prudencia por parte de las gestoras por razones reputacionales y regulatorias. Las métricas ESG son complejas y el mercado refleja una fuerte concentración en banca y utilities por políticas de reducción de riesgo. Por ello, es clave avanzar en interoperabilidad, especialmente, con las normas de distribución y con la normativa que asegura la accesibilidad y disponibilidad a datos fiables de sostenibilidad. Asímismo, también será muy relevante clarificar la metodología de cálculo para alcanzar los umbrales específicos para cada categoría y comprobar si estas etiquetas son realmente comprensibles para el inversor».
Finalmente, Claudia Antuña ha concluido: «La predominancia de la renta fija responde a la oferta y a que permite identificar mejor la inversión sostenible y su trazabilidad. La nueva propuesta de revisión del SFDR podría mejorar la comprensión para el cliente, aunque su impacto en la demanda es aún incierto. Por eso, la preparación y la anticipación estratégica de las gestoras serán claves, para que puedan diseñar una estrategia lo suficientemente sólida, pero también lo suficientemente flexible para adaptarse a estos cambios».
