La destrucción del medio ambiente es una amenaza para la paz y la seguridad de los estados. Así lo considera el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en su reunión del pasado 6 de noviembre analizó las implicaciones del delito de ecocidio. La Plataforma Stop Ecocidio define este delito como «cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente». El objetivo de esta organización sin ánimo de lucro es que el ecocidio se incorpore como crimen autónomo en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como el genocidio,  los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.

Según Stop Ecocdio, durante la reunión, el profesor Charles C. Jalloh de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami y miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, afirmó que los daños ambientales graves deberían prohibirse como crimen tanto en las leyes internacionales como nacionales. Jalloh, que formó parte del Grupo de Expertos Independientes que elaboró la definición jurídica de ecocidio, señaló que “las definiciones que elaboramos, y sus variantes, ya se han incluido en las leyes nacionales de varios Estados”.

La Viceministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Sierra Leona, Francess Piagie Alghali en su calidad de Presidenta del Consejo de Seguridad, declaró: “Tomamos nota de los debates que se están iniciando sobre el reconocimiento del ecocidio como crímen internacional grave y alentamos a que se siga reflexionando sobre las vías de exigencia de responsabilidades que sean compatibles con el derecho internacional”.

El representante Permanente de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba hizo referencia a la presentación del profesor Jalloh y señaló que “la degradación ambiental abre la puerta a un posible crimen ambiental que podría identificarse como ecocidio”.

Jojo Mehta, Cofundadora y Directora Ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional, dijo: “Es muy alentador ver que los Estados plantean la ley sobre el ecocidio en el Consejo de Seguridad. También es de fundamental importancia reconocer que la responsabilidad penal por ecocidio debe extenderse más allá de las zonas de conflicto para incluir los actos imprudentes que causen daños graves que sean extensos o duraderos, independientemente de cuándo y dónde se produzcan. Estos actos no se limitan en modo alguno a los conflictos armados, y disuadir de los peores daños en todos los contextos puede muy bien anticiparse y prevenir el desarrollo de nuevas situaciones de conflicto.

Tanto la nueva Directiva de la Unión Europea sobre delitos ambientales como el proyecto de Convenio del Consejo de Europa sobre la Protección del Ambiente mediante el Derecho Penal reconocen delitos a la escala de ecocidio en contextos de paz. La Corte Internacional de Justicia ha afirmado que los Estados tienen la obligación vinculante de prevenir la destrucción del ambiente, y varias naciones insulares del Pacífico junto con la República Democrática del Congo están promoviendo el establecimiento del ecocidio como crimen independiente en la Corte Penal Internacional”.

La transmisión completa de la 10035ª reunión del Consejo de Seguridad, «Clima y seguridad: impacto ambiental de los conflictos armados y riesgos para la seguridad derivados del clima», puede verse aquí.