Nada más eficiente, sostenible y justo que esta propuesta de Cámara de Compensación Presupuestaria desarrollada por Raúl Contreras, de Nittúa. Aquí la tienes brillantemente razonada y planteada.

Somos la mayoría. Aquellos que, desde el suelo, desde lo micro, desde la calle que late, intentamos cada día torcer el rumbo de un modelo económico que marcha con anteojeras. Nuestra lucha es silenciosa pero constante: una red de gestos, prácticas y alternativas que, como semillas, plantamos con la esperanza de que germine un sistema distinto. Uno que no solo contabilice el frío dinero, sino que mida su calor humano y su huella en el planeta. Porque el gran tablero donde se juega nuestro futuro opera con una lógica miope: solo reconoce un valor, el financiero, mientras ignora con terquedad los valores sociales y ambientales que, en verdad, lo sustentan todo.

Nos empeñamos en el oficio de virus (sí, virus). Pequeños, aparentemente insignificantes, pero con la potencia latente de paralizar un organismo hostil si nos multiplicamos. Nuestra misión es esa: contagiar. Contagiar la convicción de que cada acto económico; consumir, ahorrar, invertir, puede y debe estar imbuido de una conciencia ecosocial.

Sin embargo, pronto chocamos con un muro. Mientras tejemos alternativas desde abajo, las palancas del poder macroeconómico siguen concentradas en muy pocas manos. Las grandes decisiones, esas que moldean presupuestos nacionales y políticas de Estado, juegan un juego aparte. Por eso, hace tiempo que decidimos participar en ambos tableros: el micro, de la acción directa, y el macro, de la arquitectura institucional.

Partimos de una premisa simple, incluso dentro de la lógica vigente: quien genera un valor añadido merece un retorno que le permita seguir generándolo. Esto es el abc del mercado. El problema es que el mercado solo entiende de un tipo de valor. Nuestra pelea es que se midan e incorporen a la contabilidad los otros dos, el social y el ambiental, para que los costes y beneficios reales de cualquier actividad queden al descubierto. Al final, toda creación de valor debería traducirse en un reconocimiento, idealmente en una factura que alimente el ciclo virtuoso.

Pero ¿qué ocurre en el espacio público, ese que por definición debería velar por el bien común? Aquí el desfase es aún más grave. La contabilidad pública no es de resultados, sino presupuestaria: se controla cuánto se gasta y en qué, no qué impacto real se genera. La Administración es una máquina de justificar gastos, no de evaluar beneficios. Y en este ecosistema, ni siquiera se contemplan las aportaciones positivas que una Administración genera para otra, y éstas se evaporan en el limbo de la burocracia.

Es aquí donde proponemos una herramienta concreta, un mecanismo de justicia administrativa: la Cámara de Compensación Presupuestaria. Su funcionamiento es de una lógica aplastante: si un ayuntamiento, mediante políticas preventivas, reduce la delincuencia y disminuye el número de reclusos que aporta a las cárceles estatales, está generando un ahorro claro para el Ministerio del Interior (unos 23.500 euros anuales por preso, según los presupuestos penitenciarios y el número de presos en este año). Hoy, ese ahorro se queda estático, sin reflejo alguno para el municipio que lo hizo posible. ¿No sería justo que una parte de ese presupuesto «ahorrado» fluyera de vuelta al ayuntamiento, para que potencie las políticas que generaron el beneficio?

Demasiadas veces, los innovadores sociales escuchamos la misma frase desalentadora de un funcionario: «El ahorro que genera su proyecto no es para esta consejería, es para aquel ministerio». La Cámara de Compensación acabaría con este absurdo. Crearía flujos monetarios entre administraciones, movilizando el presupuesto hacia quien realmente genera valor público, sin coste adicional para las arcas comunes.

Los beneficios de esta ingeniería fiscal serían profundos:

• Premia la eficiencia, no solo la eficacia
  Transforma el ahorro presupuestario generado por una gestión más inteligente en un recurso tangible para quien lo logra. Introduce un incentivo poderoso para hacer más con menos, liberando fondos para otras necesidades.
• Empodera lo local
  Los ayuntamientos, especialmente los pequeños y crónicamente ahogados, son los que mejor conocen el territorio y sus urgencias. Esta herramienta les convertiría en generadores activos de recursos, premiando su impacto social y ambiental directo.
• Institucionaliza la transversalidad
  Por fin, las consejerías o ministerios de Medio Ambiente o Bienestar Social verían reconocido y recompensado su impacto positivo sobre otras áreas (sanidad, justicia, etc.). Una contratación pública con cláusulas sociales robustas, por ejemplo, generaría ahorros en políticas medioambientales o sociales y por derivada sanitarias que podrían ser compensados. ¿No es de sentido común que si una política evita un daño ambiental, parte del presupuesto que no hubo que gastar en remediarlo revierta en quien lo evitó?

En el fondo, esta propuesta trasciende la mera eficiencia. Es una apuesta por cambiar el modelo de Estado: pasar de un bombero que apaga incendios a un arquitecto que construye edificios a prueba de fuego. Esta visión obliga a la máquina pública a destinar más capital a atacar las causas de los problemas que a paliar, de manera eterna y a menudo más costosa, sus consecuencias. Lo vemos en cada catástrofe «natural»: se movilizan millones para emergencias (mitigar consecuencias), mientras se escatima la inversión en prevención y regeneración (atajar causas), como en el dramático caso de las DANAs en la cuenca mediterránea.

La Cámara de Compensación Presupuestaria no es una utopía. Es un diseño práctico, una hipótesis lista para ser puesta a prueba, con una implementación que hoy en dia dispone de herramientas suficientes para hacerla efectiva. Por eso, cerramos esta reflexión con una invitación y un ofrecimiento concreto: a cualquier Administración, valiente y con visión de futuro, que quiera ensayar este piloto en un ámbito controlado. Se trata de pasar de la hipótesis a la tesis, de demostrar que es posible inyectar justicia, lógica e incentivos sanos en el corazón mismo de lo público.

El modelo económico no se cambiará solo desde fuera. Hay que entrar en sus entrañas, en sus circuitos, y reescribir su código. Esta Cámara es un algoritmo para ese nuevo programa. Uno donde el cuidado de la vida, al fin, cuente en el balance.