El pasado sábado, 17 de enero, se activó de manera oficial el Tratado de los Océanos, también conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ por sus siglas en inglés. Gracias al mismo, la comunidad internacional por fin cuenta, por primera vez, con un marco jurídicamente vinculante para conservar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad marina en alta mar, es decir, más allá de las zonas controladas por los países.

«Estas regiones conforman más de dos tercios de la superficie del océano y representan más del 90% del hábitat de la Tierra en términos de volumen. Esto se debe a que el océano es profundo y la mayor parte del espacio habitable del planeta se encuentra bajo el agua», detallan en Naciones Unidas.

El acuerdo se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la también llamada «constitución de los océanos», que ha establecido las normas para la explotación marítima y del lecho marino y la protección marina desde que entró en vigor en 1994. El tratado alinea la gobernanza oceánica con desafíos modernos como el cambio climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Entrada en vigor

Naciones Unidas explica que, tras la entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante para los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora, lo que significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional. Entre los países que lo han ratificado se encuentran potencias como  China, Alemania, Japón, Francia y Brasil. En cambio, no lo han ratificado Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia.

Áreas Marinas Protegidas en Alta Mar

Entre otras medidas, el Tratado de los Océanos prevé la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMP) en Alta Mar. También exige la realización de evaluaciones de impacto ambiental de las actividades en aguas internacionales, considerando las posibles consecuencias del cambio climático, la acidificación de los océanos y otros efectos causados sobre el medio marino.

Unos 20 lugares de todo el mundo podrían pasar a formar parte de esta primera generación de AMP en aguas internacionales. Entre ellas figura una zona cercana al territorio español, como es la Corriente de las Islas Canarias de la costa de África Occidental.

Asimismo, el Tratado de los Océanos pretende facilitar la cooperación y la transferencia de tecnología marina para ayudar a las Partes, en particular a los países en vías de desarrollo, a que cumplan los objetivos del acuerdo.

Objetivo 30×30

Las organizaciones ecologistas esperan que este acuerdo sea un estímulo para alcanzar el Objetivo 30×30, es decir, que el 30% de los mares y océanos estén protegidos para el año 2030. Una meta que plantean tanto para las aguas internacionales como dentro de las áreas controladas por los países, las zonas económicas exclusivas. En el caso de España, que fue el primer país en ratificar el Tratado de Alta Mar, el 4 de febrero de 2025, durante el pasado año el porcentaje de protección marina aumentó desde alrededor del 12% hasta aproximadamente el 22,5% de nuestras aguas jurisdiccionales. 

Sin embargo, se trata de una protección poco estricta, ya que la mayoría de las AMP españolas no cuentan con planes de gestión, como ha denunciado Greenpeace, que también critica que se trata de figuras de baja protección que permiten la mayoría de las actividades potencialmente dañinas.