Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea:
¿Por qué hay controversias?

Por Tiziana Nerea Martín. Hace años que la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) están llevando a cabo fuertes negociaciones sobre la consolidación de un área de libre comercio birregional con el objetivo de fortalecer las relaciones existentes entre las Partes, y la preparación de las condiciones para la creación de una Asociación Interregional. Las relaciones entre ambos bloques han sido coordinadas por el Acuerdo Marco de Cooperación MERCOSUR-UE, firmado el 15 de diciembre de 1995 y que entró en vigor el 1 de julio de 1999.

Actualmente, con la salida de Jair Bolsonaro de la presidencia brasileña, el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur (Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina) vuelve a cobrar vida. Desde que Lula Da Silva ganó las elecciones en octubre del año pasado, más y más dirigentes de la UE declaran que estamos ante la oportunidad perfecta para relanzar y ratificar este acuerdo que ambas partes culminaron en 2019 tras 20 años de fuertes negociaciones.

“Debemos trabajar juntos para que las negociaciones lleguen a buen puerto, seguramente hay muchos aspectos diferentes de los que hablar. Pero lo más importante es que se haga rápido”, afirmó el canciller alemán Olaf Scholz, tras su paso por Argentina en el marco de una gira por Sudamérica en la que pretende profundizar los lazos políticos.

Por otro lado, el ministro de economía argentino, Sergio Massa, afirmó que la Unión Europea debe despejar las barreras que afectan la competitividad de los productos argentinos y brasileños para que el acuerdo comercial tenga éxito, mencionando, como ejemplo, los subsidios agrícolas del bloque, en una conferencia conjunta con su par brasileño, Fernando Haddad, en el marco de la Cumbre Regional de Comunidades de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en Buenos Aires.

En el encuentro, los presidentes de los países miembros del Mercosur cuestionaron duramente a Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, tras la decisión de negociar un TLC (Tratado Libre Comercio) bilateral con su primer socio comercial, China, y por solicitar la adhesión al acuerdo transpacífico sin los demás socios. Según las normas del Mercosur, se le permiten a sus miembros negociar acuerdos de libre comercio con otros países en conjunto con sus socios y con posibilidad de veto en las negociaciones individuales.

Uruguay argumenta que Argentina y Brasil ya han adoptado medidas bilaterales dentro del bloque y exigió una flexibilización del grupo para que se le permita explorar los acuerdos comerciales a diferente velocidad que sus socios.

A diferencia del rechazo que han mostrado países como Austria o Francia durante los últimos años, España sigue siendo uno de los grandes impulsores de este acuerdo y se ha propuesto conseguir su ratificación en el segundo semestre de 2023, coincidiendo con la presidencia española de la UE.

Durante una rueda de prensa en la Casa Rosada (Buenos Aires) durante su última visita a Argentina, el presidente español expresó su voluntad de que el acuerdo de libre comercio pueda materializarse “cuanto antes” y expresó que, “tanto el Gobierno portugués como el Gobierno de España somos unos firmes defensores de la necesidad de que la Unión Europea estreche lazos con América Latina”

La ejecución del proyecto tiene varios inconvenientes por cuestiones arancelarias y ambientales, con constantes enfrentamientos entre Brasil y Francia por la conservación de la selva amazónica y por el constante uso de agroquímicos en la actividad. Tengamos en cuenta que en los países de América del Sur se utilizan grandes cantidades de pesticidas, en el caso de Brasil el uso por hectárea es ocho veces mayor que en Europa.

Muchos de estos químicos están prohibidos en la Unión Europea, Asia y África Occidental, por ejemplo, el endosulfán, producido por empresas alemanas como Bayer, quien se beneficiaría del acuerdo gracias al recorte de los aranceles y al aumento de la demanda.

“Tal como ha sido diseñado y concebido, no puede ser compatible con la agenda climática, ni con la biodiversidad que lleva a cabo el estado francés”, expresó Emmanuel Macron.

A pesar de esos dichos, su país no lleva un plan tan compatible con la agenda climática, ya que Francia fue la impulsora de reabrir una de las centrales térmicas de carbón, para hacerle frente a la presión sobre el mercado energético dado el contexto de la guerra Rusia-Ucrania.

El país europeo ya cuenta con una central térmica en la comuna francesa Cordemais, la cual Macron prometió en su campaña presidencial en 2017 que cerraría debido a los grandes índices de contaminación, y para de alguna forma cumplir con los objetivos climáticos pautados.

Ratificar el acuerdo Mercosur-UE no sólo significa, más crisis climática, más deforestación, más pesticidas, más vulneración de los derechos de los pueblos originarios, sino menos soberanía alimentaria y significa una ampliación de las superficies de producción de soja, caña de azúcar y maíz.

Si bien la llegada de Lula representa un halo de esperanza para los pueblos originarios, para la recuperación de políticas ambientales cruciales que fueron erradicadas durante el gobierno de Jair Bolsonaro, quien en el año 2019 recortó un 95% del presupuesto para combatir el cambio climático, los pilares sobre los que se sostiene el acuerdo UE-Mercosur siguen siendo extremadamente nocivos para concluir con el cumplimiento de los objetivos asumidos en instancias institucionales, tal como es en el caso del Acuerdo de París.

Sin dudas, en este momento Brasil está puesta en el ojo de la lupa, en medio de la vuelta a la arena política del líder latinoamericano y entre todas sus complejidades, he tenido la oportunidad de conversar con una persona que conoce muy de cerca a la política brasileña, al presidente actual y a los movimientos de trabajadores implicados hace años en la lucha por un modelo económico más sostenible.

Lúcia Marina Dos Santos, nacida en Cascavel, Brasil. Hija de campesinos y trabajadora social, miembro de la dirección nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), actualmente ocupa el cargo de diputada estatal por el Partido de los Trabajadores (PT) en Río de Janeiro.

Promueve una mayor participación de la mujer en la política, en defensa de los Derechos Humanos y la Democracia. Su objetivo es instalar en la agenda pública los valores de la agricultura campesina y como elemento clave para dar otro tipo de desarrollo en Brasil, país el cual viene hace más de 20 años especializando su economía en la producción agrícola y minera.

“En Brasil, y en muchos otros lugares del mundo, los pueblos sufren las consecuencias de la crisis económica, social, política y ecológica”, afirma Marina, quien ha ayudado a coordinar a través de la representación regional de Sudamérica el movimiento de carácter internacional Vía Campesina Internacional, el cual coordina a pequeños y medianos productores, comunidades indígenas, mujeres campesinas y trabajadores agrícolas de más de 50 países.

“La Reforma Agraria es una política que puede contribuir como propuesta de superación de la crisis. Es importante porque es una política barata, democratiza la renta, la riqueza, la propiedad privada, los medios de producción, genera empleos, produce alimentos y preserva al medio ambiente”, todas estas cuestiones relevantes que actualmente se ponen sobre la mesa en el momento de hablar sobre cooperación.

En relación al modelo del agronegocio y la amenaza que representa para la vida en el campo: “Nadie aceptaba dialogar sobre el modelo, ni sobre la soberanía alimentaria, su lógica de explotación y concentración de tierras y bienes naturales. Hoy en día la movilización es una manera de la clase para concienciar de la gravedad de esas consecuencias. No es cíclica, como dicen algunos analistas, pero sí es estructural, mucho más fuerte, de largo plazo, con tendencia a empeorar cada vez más“.